Esta tarde, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha confirmado que deja la política al sentirse «desautorizado» después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajo haya decidido retirar la ley del aborto.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada redactado por el Ministerio de Justicia, por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante, según informan medios nacionales como El País.
En su lugar, Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa, vigente desde 2010, para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. Apostará por un Plan de Protección de la Familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año.
El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio, una de las decisiones más relevantes de su mandato, en declaraciones a los medios tras participar en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se celebra en Madrid. «Creo que he tomado la decisión más sensata», ha dicho.
El anteproyecto de ley del aborto, encargado por Rajoy al ministro Ruiz-Gallardón y elaborado por este, fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. Desde entonces había permanecido en un limbo, rechazado en bloque por la oposición y muy contestado también por una parte del PP, que lo veía como un obstáculo para el próximo año electoral de 2015. El texto suponía un paso atrás de tres décadas en materia de interrupción voluntaria del embarazo: derogaba el sistema actual de plazos (el derecho de la mujer a decidir libremente si interrumpe su embarazo durante las primeras 14 semanas) y volvía al sistema de supuestos que rigió entre 1985 y 2010, pero endureciéndolo.
El punto más controvertido de ese anteproyecto fue la supresión del supuesto legal de aborto por malformación fetal. No se eliminaba en la práctica la posibilidad de que una mujer embarazada de un feto inviable o con malformaciones abortara, pero se le obligaba a alegar otro motivo (el daño psicológico que sufriría ella) y se le imponía un procedimiento largo y complicado para acreditarlo.
