La Comisión Europea ha pedido a España «nuevas medidas» para acabar con la segmentación en el mercado laboral -entre ellas la reducción del número de contrato–, así como rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales. Estas son las principales recomendaciones que el Ejecutivo comunitario dirige al Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el paro y la deuda y consolidar la recuperación.
Bruselas exige además a España concretar los ajustes que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%). Para ello, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá «realizar, antes de febrero de 2015, una reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público».
El Ejecutivo comunitario se fija en particular en la necesidad de «seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales».
España, resaltan las recomendaciones, debe «emprender nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado laboral con el fin de favorecer empleos sostenibles y de calidad, incluyendo la reducción del número de tipo de contratos y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de despidos», así como «reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones por desempleo».
Bruselas reclama que «la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo». También sugiere «mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las bonificaciones ofrecidas por la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo».
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene que «acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo» y «garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación». Y poner en marcha la garantía juvenil para proporcionar a los menores de 25 años en paro o que finalizan su educación un empleo, prácticas o formación adicional en un plazo de cuatro meses.
