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La Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM) ha analizado el informe elaborado por Plataforma de Infancia en relación con los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), aportando una serie de propuestas dirigidas a reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia de Castilla-La Mancha.
Según se desprende de esta encuesta, Castilla La Mancha presenta datos superiores a los de la media nacional en los indicadores que mide el indicador AROPE: la pobreza y/o exclusión social en los países de la Unión Europea.
España es el país de la Unión Europea con los niveles más altos de pobreza infantil. El 27,8% de los niños, niñas y adolescentes (NNA), es decir, 2,2 millones de personas menores de 18 años, viven con ingresos inferiores al umbral de pobreza. El porcentaje más elevado de la población que experimenta carencias materiales severas (CMS) son los adolescentes de 13 a 17 años.
En Castilla-La Mancha, más de 120.000 menores vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2022. Con el 38,3% de la población menor de 18 años en riesgo de pobreza y/o exclusión social, la región se sitúa como la quinta autonomía con mayor tasa AROPE del territorio nacional. En el último año, a pesar de que la tendencia de la media general fue la de disminuir, el riesgo de pobreza y/o exclusión de los niños, niñas y adolescentes en Castilla La Mancha ha crecido en más de 5 puntos, convirtiéndose en la segunda región en la que más ha aumentado la tasa AROPE.
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Propuestas POI-CLM
En vista de estos datos, POI-CLM recomienda:
- Implementar mejoras en la renta garantizada de ciudadanía para que alcance a mayor número de familias vulnerables. Se insta a corregir la baremación del umbral de pobreza para poder incluir a mayor cantidad de hogares en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
- Desarrollar protocolos transversales, que impliquen a los Servicios Sociales, el entorno educativo, sanitario, etc., y que contribuyan a identificar a los menores en esta situación.
- Configurar una red de ayuda en la que estén implicados tanto las administraciones públicas, como entidades del tercer sector y de la sociedad civil, para crear una red de ayuda a la infancia más necesitada.
- Desarrollar itinerarios de inclusión social y laboral que tengan en cuenta las necesidades de conciliación familiar. Para ello es necesario que los itinerarios sean personalizados, con especial atención a las vulnerabilidades de las personas y proporcionarles los servicios que necesiten.
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- Crear políticas específicas que impidan el aumento de las carencias materiales severas:
-Garantizar a las familias recursos que les permita atender necesidades básicas.
-Universalización de las dotaciones económicas por hijo/a con o sin discapacidad.
-Mejorar las ayudas de emergencia para las familias con menores a su cargo y facilitar el proceso de dotación del Ingreso Mínimo Vital.
-Implementar las becas de los comedores escolares.
-Mejorar el acceso a la educación pública a los menores de 3 años, una de las medidas más eficaces para reducir la desigualdad social.
-Crear estrategias de desarrollo rural y digitalización.
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